A partir de las denuncias presentadas en la Defensoría del Pueblo de la Provincia y de los casos relevados  el 2008 por el Departamento Psicosocial de la Institución en las localidades de Yuto, Fraile Pintado, Caimancito, Libertador General San Martín y San Pedro de Jujuy, el Defensor del Pueblo pudo tener conocimiento de la realidad social de niños, niñas y adolescentes indocumentados de este sector del interior de la provincia, a través del Programa “Víctimas Invisibles realizado por la Institución. Algunos de estos casos investigados y contactados por la Institución fueron derivados a la Justicia de la Provincia de Jujuy a  través de la Resolución Nº 0003 – DPJUJ-09, mientras se continúa trabajando sobre el resto de los casos relevados y de las denuncias recibidas.

De los casos  denunciados y relevados que se investiga desde la Defensoría del Pueblo, Víctor Galarza diferenció dos situaciones: la de niños indocumentados cuyos padres o adultos a cargo no cuentan con los requisitos necesarios para efectuar el trámite y aquellos que ya iniciaron el trámite judicial y los restantes que están siendo investigados. Los dos primeros casos fueron los derivados a la Justicia para tratar de encontrar una solución a la problemática planteada.

Los niños, niñas y adolescentes  indocumentados –expresa el Defensor del Pueblo – están impedidos de contar con el pleno ejercicio de derechos personalísimos como la salud y la educación y, por lo tanto, éstos niños ingresan en un “circulo perverso”, en el que se profundizan y repiten las condiciones de carencias elementales de sus padres.
Estos niños, niñas y adolescentes que no fueron inscriptos, se encuentran en situación de invisibilidad para el Estado  y para la sociedad, lo cual incrementa para ellos el riesgo de sufrir situaciones de vulneración de sus derechos, acrecentando su exposición a la negligencia, el abuso y la explotación –afirma Víctor Galarza.

Destaca, además, que el paradigma de la Convención de los Derechos del Niño, con rango constitucional desde 1994, concibe al niño/a como sujeto de derecho en si mismo, abandonando la concepción del niño/a como mera extensión de los padres y del estado. Se concibe al niño/a como sujeto activo de derechos que promueve su protección integral que contempla su situación de personas en desarrollo.
Por esta razón, no debe restringirse ningún derecho del niño o niña o adolescente  por el hecho de que sus padres no posean documento o se encuentren en una situación irregular. El Estado debe garantizar la documentación de los niños y niñas nacidos en territorio nacional. Es lo que establece la Ley 26061 en sus Artículos 12 y 13 – declara el Defensor del Pueblo.

Cuando un niño o niña ha nacido en nuestro país, rige el principio de nacionalidad sancionado por la Ley 346/69, que establece que son argentinas todas las personas nacidas en el territorio de la República, dejando de lado la restricción migratoria o cuando alguno de sus padres tiene alguna situación irregular. Lo que protege al niño es su derecho a tener documento. El niño recién nacido ha adquirido el derecho de ser inscripto y de tener documento. Negarse a inscribirlo es restringirle su derecho a la nacionalidad
Por ello está vigente la Ley Nacional 24.540 que reglamenta lo que debe hacerse para identificar y dar seguridad al recién nacido, resguardando al binomio madre-hijo con el sistema dactiloscópico que es  perenne e inmutable.
Cuando se dice que no se inscribe a un niño porque los padres no tienen documento y que esta es una manera de proteger su identidad, lo que pasa en realidad es que se está  dejando al niño indefenso, sin protección y absolutamente vulnerable a delitos como la venta de bebés,  robo, trata de personas, etc. – afirma el Ombudsman Provincial.
Es importante señalar que la Defensoría del Pueblo de Jujuy viene insistiendo con esto desde el año 2005, cuando emitió Resolución Nº 087- DPJUJ-05, la que fuera debidamente notificada a las autoridades públicas competentes en la materia.  Ahora fue el turno  de la Resolución primeramente nombrada que en su articulado resolvió elevar la misma a la Justicia y autoridades correspondientes para su conocimiento y efectos

Todos estos casos fueron investigados por el Programa “Víctimas Invisibles” y “Aprehender mis Derechos realizado desde la Defensoría del Pueblo para estos casos encontrados. Dicho Programa tiene el fin de abordar esta problemática, detectada principalmente, en las comunidades rurales y ciudades de toda la provincia de Jujuy. Dichos Programas son llevados adelante por el Defensor del Pueblo y un equipo de profesionales especialmente capacitados que, paralelamente a la investigación, desarrolla tareas de  promoción, prevención y brinda jornadas y talleres informativos en distintos puntos de la provincia. Hasta el momento, se han realizado Jornadas en numerosas localidades del interior, con la idea en este nuevo año, de llegar a toda la provincia.