6:25 am 16/04 2012

Madres de detenidos y desaparecidos de Jujuy confían en el nuevo juez federal

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Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, ante la inminente designación del Dr. Fernando Pobiñas, en el Juzgado Federal Nro 2, abogó por “el inicio de una nueva etapa en la administración de la justicia respecto de los crímenes cometidos en Jujuy durante el terrorismo de estado”. En este sentido, la organización hizo votos para que “el nuevo magistrado satisfaga el histórico reclamo de verdad y justicia obturado por la actuación de su antecesor, el ex juez federal Carlos Olivera Pastor”.

“El nuevo juez federal se encuentra ante la oportunidad de administrar justicia y reparar a las víctimas del terrorismo de estado en Jujuy. Entendemos que se enfrenta a la responsabilidad histórica de poner término a un largo proceso de impunidad que significó para las víctimas un tormento continuadoy que privó a los familiares y a la sociedad en su conjunto de la carga aleccionadora de la justicia y de su valor en la construcción de un orden social democrático” señaló la titular de la organización, Inés Peña.

“Esperamos que la justicia finalmente llegue con esa carga reparadora y que constituya un hito para sostener el sistema democrático, defender los derechos fundamentales y decirle nunca más al horror de la dictadura”.

Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos señaló que “el nuevo juez, tiene ante si la posibilidad de reparar los errores cometidos por Olivera Pastor, el arquitecto de la impunidad en Jujuy junto al juez Renato Rabbi Badi Cabanillas, miembro de la Cámara Federal de Salta”. A propósito el organismo volvió a repudiar al camarista que atenuó las imputaciones, avaló la dispersión de las causas, confirmó las falta de mérito dictadas por el juez jujeño y ayudó a consolidar el estado de impunidad en Jujuy”.

Pero además, recalcaron, “Rabbi Baldi Cabanillas ha sostenido a Olivera Pastor ante la Comisión Interpoderes y acompañó la iniciativa de criminalizar a las organizaciones de derechos humanos de Jujuy. Es decir, que ha sido copartícipe del entramado de impunidad”.

Madres y Familiares expresó su deseo de que el nuevo juez garantice una justicia que “evite el punto final biológico que produce la dilación sistemática de los procesos”. En este sentido explicaron que “el retraso en las causas ha significado que muchos responsables de delitos de lesa humanidad, mueran sin responder por los crímenes que han cometido. De hecho, de los 88 imputados en las causas de Jujuy, 22 de ellos ya han fallecido”.

En este contexto, la organización requirió que en los procesos se atiendan las 6 reglas prácticas dictadas por la Cámara de Casación Penal para agilizar los juicios y procesos por delitos de lesa humanidad y las recomendaciones de la Procuración General de la Nación y la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.

En esa línea, la organización insistió con la acumulación de causas para que se analice la responsabilidad penal de un número importante de procesados. Esto, precisaron, “es necesario porque favorece la comprensión integral de los delitos. Pero además, de este modo, se preserva a los testigos de la obligación de prestar reiteradas declaraciones sobre los mismos acontecimientos. Y por otra parte, se evitan los entorpecimientos del ejercicio de defensa que generan los fraccionamientos excesivos de los hechos”.

“La atomización de las causas demandaría un tiempo tal que conduciría a la frustración de los procesos y sería el mecanismo institucional más perfecto de la impunidad. Esto es lo que no podemos volver a permitir”, agrega el documento que lleva la firma de Inés Peña.

La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy insistió en que el nuevo juez Pobiñas puede “reconducir la administración de justicia  por los crímenes de lesa humanidad y construir un nuevo vínculo con las organizaciones de derechos humanos y en particular con los familiares de las víctimas, basado en una interlocución respetuosa y fructífera.

“Es hora ya, 36 años después del horror, que los familiares de las víctimas -que nunca dejaron de creer en la justicia- escuchen condenas ejemplares y reparadoras que reconstituyan el orden alterado por la impunidad y devuelvan la confianza en el Estado como garante de los derechos humanos”, concluyeron.

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