2:06 am 07/10 2010

La Universidad de Alcala de España felicitò a la Defensorìa del Pueblo

Información general

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A través  del Director Dr. Guillermo Escobar del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica –PRADPI – la Universidad de Alcalá de Henares de España, hizo llegar al Defensor del Pueblo de Jujuy y a todo el personal de la Institución, las felicitaciones y reconocimiento por el trabajo  al frente de la Institución. También informó la selección de las propuestas enviadas por la Defensoria de Jujuy sobre buenas prácticas de las  Defensorias del Pueblo en el ámbito  local y Metropolitana para el reforzamiento mutuo de las Instituciones. El PRADPI es un proyecto de la Universidad de Alcalá, ejecutado por su Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE), que cuenta con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y se realiza dentro del marco de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO). Su objetivo general es el fortalecimiento de la institución de Defensores del Pueblo en toda Iberoamérica.

Cabe aclarar que el Director del PRADPI había invitado al Defensor del Pueblo de la provincia a elaborar un informe y propuesta para ser analizada y de corresponder, seleccionada como material informativo y de exposición de talleres y  seminarios, sobre temas que puedan ser considerados como buenas prácticas de las Defensorías del Pueblo. La línea de trabajo de la presentación consistía  en tres objetivos;  a) Participación Ciudadana b) acceso a los Servicios Públicos y  Protección de Derechos Sociales a nivel local. c) Derecho a la ciudad.

Posteriormente, analizado y estudiado el material remitido por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Jujuy consistente en DERECHOS SOCIALES  y SERVICIOS PUBLICOS, el Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo de España, Miguel Ángel Presno Linera, encargado de la lectura  y elección de los materiales presentados, seleccionó y  adhirió a las felicitaciones del titular del PRADPI  comunicando  al Ombudsman provincial que su trabajo, como otros, fue seleccionado  sobre numerosos   informes de defensa de los derechos humanos, presentados  por instituciones de diferentes países de Iberoamérica .

Sobre esto, el tema elegido y elevado por el Defensor del Pueblo de Jujuy  se refirió a Buenas Prácticas en materia de acceso a Servicios Públicos y Protección de Derechos Sociales a nivel local.
Según los conceptos expuestos en el informe presentado los derechos sociales  son aquellos que garantizan universalmente a todos los ciudadanos por el solo hecho de serlo como también el acceso a los medios necesarios para tener condiciones de vida digna y no como merca caridad política asistencial. Los derechos sociales son la consecuencia de una nueva forma de concebir la asociación comunitaria. Constituyen una manera más amplia y completa de concebir la ciudadanía, por ser la misma una  pertenencia de la comunidad política. El disfrute de los derechos sociales depende de la existencia y acceso en condiciones equitativas de ciertos servicios públicos.
En tanto, sobre los Servicios Públicos, el Defensor indicaba en su informe  que la noción de los servicios públicos, efectivamente pasa por una relación con el derecho, y en este caso con los derechos humanos. Estos son comúnmente servicios públicos básicos entre los que estarían la prestación de los servicios de agua potable, energía eléctrica, gas natural, telefonía, etc. cuya potestad es ejercida por el Estado, como también los servicios públicos fundamentales como la educación, salud, seguridad, etc. como medios para satisfacer las condiciones mínimas de vida adecuada para el desarrollo de la dignidad de toda persona. En definitiva son garantías reales de igualdad y libertad.
La ausencia de servicios públicos básicos en un Estado o en parte de el, como la prestación de servicios antes mencionados, constituyen un imperativo esencial para las políticas públicas de cualquier país, y también por las necesidades básicas de supervivencia de todo ser humano.
Reconocer el Derecho de acceso a los Servicios Públicos implica imponer a los Estados, la obligación de planificar políticas en esta materia, otorgando a su vez participación a los usuarios a través de las Audiencias Públicas.
Por ello resulta necesaria la construcción de nuevos escenarios de participación ciudadana, fortaleciendo una democracia deliberativa, donde la participación de los ciudadanos sea entendida como un Derecho y no una concesión de la Autoridad, en este sentido, la Defensoría del Pueblo tiene una responsabilidad social frente a los Estados que adopten y convivan con políticas que fragmentan a la sociedad.

Resultaría necesario que esos Estados garanticen las inversiones en Servicios Públicos y contribuyan al ejercicio pleno de los Derechos Sociales a través de medidas necesarias y transparentes para asegurar que las empresas actúen dentro del marco de las normas de los Derechos Humanos.
Por lo expuesto, afirmaba Víctor Galarza en su informe, el Derecho de acceso a los Servicios Públicos, es un Derecho Humano.

Ejemplos de los casos de buenas prácticas presentados  por la Defensoría del Pueblo de Jujuy

En esto, el Defensor de Jujuy desarrolló tres puntos relevantes para la provincia: 1) Servicio de provisión de gas natural: en donde se explicaron las acciones llevadas a cabo por esta Institución en defensa de los usuarios del servicio de gas por redes; 2) Servicio de provisión de energía eléctrica dispersa: sobre el cual la Defensoría del pueblo realizó en Audiencia Pública numerosas recomendaciones y observaciones sobre el cuadro tarifario, a las cuales hicieron lugar para beneficio de los usuarios de la Puna; 3) Contaminación Ambiental, tema en el que se desarrolló la problemática de la contaminación de un arroyo por el vertimiento  de residuos cloacales que contamina las aguas y daña la salud de quienes viven en la zona. Las recomendaciones fueron puestas en práctica por los organismos competentes.

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