11:02 pm 17/05 2008

La UCR exige respuestas del gobierno nacional

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gerardo moralesDirigentes de la Unión Cívica Radical expusieron hoy los fundamentos del proyecto de ley que impulsa demandar al gobierno nacional por “retenciones indebidas” de sumas coparticipables en materia fiscal, “que le pertenecen a Jujuy”.

En el salón Marcos Paz de la Legislatura, presidido por el titular de la UCR Nacional, Gerardo Morales, legisladores y dirigentes locales, los representantes del centenario partido señalaron que dado el carácter del proyecto que habla de la demanda, es que se instruye Gobernador Walter Barrionuevo para la realización de los actos necesarios, la preparación, promoción y tramitación de la demanda contra la Nación.

Abogaron para que los legisladores de otras bancadas en Diputados acompañen la iniciativa que fue ingresada por el bloque radical, buscando que la Nación reconozca las deudas que tiene con la provincia en concepto de Coparticipación federal.

 Morales a través de un power point explicó detalladamente sobre las formas a través de las cuales la Nación ha ido disminuyendo en “arbitrariamernte” los recursos que corresponden a la Provincia, para terminar con lo referido a los derechos de exportación, “que seguramente constituye el caso más flagrante”

Cuestionando además las sucesivas prórrogas de la emergencia que tuvieron lugar en el gobierno de la nación cuando ya objetivamente había cesado la emergencia, sosteniendo que existe un Estado Nacional ampliamente solvente, al punto que estuvo en condiciones de pagar en enero de 2006 al Fondo Monetario Internacional la enorme suma de U$S 9.530 millones de dólares por adelantado y sin obtener ningún tipo de beneficio a cambio. Este acto de inexplicable generosidad muestra claramente el exceso de “solvencia” o “liquidez” , siempre a costa de los fondos provinciales, es decir, a costa del empobrecimiento de las provincias.

 

El Estado Nacional, al mismo tiempo, ha logrado hacerse de aproximadamente 54.000 millones de dólares estadounidenses de reserva en el Banco Centra de la República, llegándose a un verdadero récord histórico, lo que demuestra que no existe ninguna situación de emergencia. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que por lo menos la tercera parte de esa enorme suma le corresponde a las provincias, y así sería de hecho de no ser por la inconstitucional conducta del Estado Nacional en la materia.

 

Aportes del Tesoro Nacional

 

El senador nacional explicó que este fondo se compone $ 20 millones de la recaudación de impuesto a las ganancias, del 2% de la recaudación de Ganancias, del 1% de la masa coparticipable neta y del 1% del 93,7% de la recaudación de Bienes Personales.

 El Fondo de ATN ha sido sistemáticamente subejecutado desde el año 2002 en adelante. A la fecha, se encuentran acumulados en el Fondo sin distribuir unos $ 5.700 millones. La Provincia debe reclamar que se reconozcan los excedentes acumulados en el Fondo ($ 5.700 millones) como acreencias que corresponden a Jujuy en proporción a su participación en el producido del régimen previsto por la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos (coeficientes de la distribución secundaria).

 

AFIP

 

Por dos normas operativas internas de la AFIP, el conjunto de provincias cede cuantiosos recursos a la Nación. Se ha manipulado el Régimen de pago a cuenta de impuestos coparticipables.

 

Actualmente el 2 por mil del impuesto al cheque puede destinarse como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. El impuesto al cheque, que fue establecido con invocación de la emergencia, se ha mantenido más allá de lo que duró la emergencia.

Aclaró que no fueron los contribuyentes los que se vieron afectados por esta decisión. En lugar de bajar en el 2 por mil la alícuota del impuesto, el PEN decidió mantener la alícuota original, pero permitiendo que ese 2 por mil se computara como pago a cuenta de ganancias. Esto se pretendió justificar en que el impuesto al cheque tiene una mayor capacidad recaudatoria (es más difícil de evadir) que el impuesto a las ganancias.

 

La afectación a los recursos de las Provincias ha venido a través del mecanismo que utiliza la AFIP para contabilizar estos pagos a cuenta. La AFIP contabiliza la recaudación por los pagos a cuenta (alrededor de $1.700 millones anuales) en el impuesto al cheque, en lugar de computarlos en el impuesto a las ganancias. Esto es, los ingresos lo computa en el impuesto al cheque, justamente el impuesto que se está desgravando, mientras que la menor recaudación se refleja en el impuesto a las ganancias.

 

 Dado que a las Provincias solamente les toca el 15% del impuesto al cheque versus el 50% de impuesto a las ganancias, las Provincias reciben solamente $ 250 millones de esos $ 1.700 millones en lugar de los $ 830 millones que corresponderían. Es decir, las Provincias pierden $ 580 millones anuales. La Provincia de Jujuy naturalmente se ve afectada en proporción a los recursos que de ese monto le corresponden de conformidad al sistema de distribución secundaria del régimen de coparticipación de impuestos.

 

Lo mismo ocurre con otros regímenes de pago a cuenta, principalmente con el que permite computar los pagos de contribuciones patronales a cuenta de IVA, con una pérdida adicional para las Provincias de otros $ 950 millones.En definitiva, por este concepto, las Provincias están resignando como mínimo $ 1.500 millones por año.

 

Indebidas comisiones:

 

Morales dijo que también se disminuyen los recursos que corresponden a las Provincias manipulándose el modo en que la AFIP percibe una comisión que integra sus ingresos.

En efecto, los ingresos propios de la AFIP están constituidos, entre otros, por el 1,9% de la recaudación total de impuestos. Operativamente, la AFIP no detrae el 1,9% de cada uno de los impuestos que recauda, sino que aplica ese porcentaje a la suma de la recaudación de todos los impuestos (IVA + Ganancias + Retenciones + Contribuciones a la SS, etc.).

 

Ese monto de recursos que cobra la AFIP lo detrae en su totalidad de la cuenta del IVA, justamente uno de los impuestos que más “alimenta” a las Provincias (el 40% va a las Provincias). Es decir, la Nación le está transfiriendo a las Provincias parte de la comisión que debe pagarle a la AFIP por la recaudación de impuestos que las Provincias no reciben (p.e. retenciones, contribuciones a la seguridad social, etc.).

 

El monto de recursos involucrados en este concepto también es muy significativo: las Provincias le “pagan” a la AFIP $ 2.500 millones anuales en lugar de $ 1.300 millones (equivalente al 1,9% de los recursos de origen nacional que son transferidos a las Provincias). De este modo, en forma absolutamente arbitraria y abusiva la Nación priva a las Provincias de unos $ 1.200 millones adicionales por año.

 

ANSES.

El dirigente radical sostuvo que no toda la recaudación de los impuestos coparticipables se reparte entre la Nación y las Provincias. Existen mecanismos de precoparticipación o de asignación específica de impuestos que destinan parte de la recaudación de estos impuestos al ANSES. En la actualidad tenemos:

ü      10,3% de la recaudación de IVA

ü      $ 120 millones anuales de la recaudación de Ganancias

ü      20% de la recaudación de Ganancias

ü      70% de la recaudación de Monotributo

ü      21% de la recaudación del impuesto a los combustibles

ü      15% de la masa coparticipable bruta

 

Como consecuencia de estas asignaciones, las Provincias dejarán de percibir en 2008 la suma casi $ 23.000 millones (como “contrapartida”, el ANSES se ha hecho cargo del déficit de $1.200 M anuales de las ex cajas provisionales provinciales transferidas y financia $1.500 millones de las no transferidas) 

Buena parte de estas asignaciones se decidieron con el objetivo de financiar los déficit financieros que mostraba el ANSES como consecuencia de la reforma previsional de 1994. Sin embargo, para el año 2008, la ANSES tiene previsto obtener un superávit del orden de los $ 7.100 millones. 

Más aún, la reciente reforma previsional da marcha atrás con algunos puntos de la reforma anterior. Incluso, el ANSES incrementó sus ingresos (por los traspasos y por los indecisos) y reciba de las AFJP más de $ 7.000 millones por los fondos acumulados de los afiliados mayores (con menos de $ 20.000 en sus cuentas de capitalización).

Impuesto al cheque.

 

El impuesto al cheque fue creado como un impuesto de emergencia a mediados de 2001. En ese contexto de apremiante situación fiscal se priorizó su altísima capacidad recaudatoria por sobre los múltiples perjuicios que generaría sobre el blanqueo y la bancarización. Por estas últimas razones, se decidió que su vigencia fuera por tiempo determinado.

 

El Gobierno no solo ha prorrogado la vigencia del impuesto sino que ha consolidado su distribución. Actualmente sólo el 30% de la recaudación del impuesto es coparticipable (solamente el 15% llega a las Provincias), mientras que el 70% restante tiene una insólita asignación específica al Tesoro Nacional. Se desvirtúa así por completo el concepto de “asignación específica”. Si no existiera esta asignación específica el impuesto debería ser 100% coparticipable.

 

Las asignaciones específicas tienen como objetivo destinarse a finalidades particulares para las cuales se pretende garantizar el financiamiento independientemente de lo que suceda con los recursos del Tesoro. Pero acá se le está garantizando un recurso al Tesoro Nacional para que lo utilice con total discrecionalidad y sin ningún objetivo particular que haya establecido el Congreso de la Nación.

 

La redacción actual que sostiene que “el 70% del impuesto ingresará al Tesoro Nacional y lo administrará el PEN a fin de contribuir a consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y económico”. Esto de ningún modo es una asignación específica. Con ello se sustraen recursos de la masa coparticipable sin que éstos tengan una (verdadera) afectación específica.

 

La distribución original del impuesto fue una decisión política en un contexto de emergencia que nada tiene que ver con el actual. El impuesto iba a ser transitorio y, por ende, se le daba una distribución transitoria. Pero el impuesto se ha convertido en permanente y por lo tanto la distribución tiene que ajustarse al marco general que rige las relaciones fiscales entre la Nación y las Provincias, esto es, que el 100% de la recaudación del impuesto sea coparticipable.

 

Con la recaudación prevista para el año 2008, la correcta distribución del producido de este impuesto implicaría más de $ 6.600 millones anuales adicionales para las Provincias.

 

Retenciones a las exportaciones:

 

Es un caso de conflicto público el ejercicio abusivo que está llevando a cabo la Nación en materia de derechos de exportación. También que este ejercicio se ha transformado en una burla al sistema de coparticipación tributaria nacional.

 

La Nación se viene apropiando de ingentes recursos que provienen de la Aduana, cuyo aumento se estimula manteniendo –mediante la intervención del BCRA en el mercado de cambios- una elevada paridad cambiaria de monedas extranjeras con relación a la moneda nacional.

 

Las retenciones a las exportaciones se han instrumentado de modo tal que recaen generalmente sobre los exportadores y/o proveedores de los productos a que se aplican, de modo que la traslación del impuesto no opera hacia delante sino hacia atrás, afectando la rentabilidad de la cadena de producción y comercialización. Como lógica consecuencia de esta disminución forzada y artificial de los contribuyentes.

 

Si en lugar de recaudarse por el expediente de imponer retenciones, se aplicara el sistema impositivo común, toda la recaudación pasaría a incrementar las ganancias de los productores del agro, correspondiendo aplicar a estos ingresos el impuesto a las ganancias, que sí es coparticipable. En la demanda promovida por la Provincia de San Luís a la que ya se hizo referencia, se sostiene que si se aplicara una alícuota promedio del 30% de impuesto a las ganancias sobre los ingresos de los productores agropecuarios, se recaudarían 11.800 millones más, de los cuales las provincias percibirían el 47%, unos 5500 millones de pesos extra por año.

 

Frente a la protesta del campo, la Nación ha invocado que existe una serie de beneficios que perciben los productores que deben ser computados. Esto no ha servido para detener el conflicto pero sí para poner en evidencia que no existe beneficio alguno que corrija los perjuicios que se están produciendo a las provincias. Es más, esta técnica de quitar por un lado a los productores por vía del incremento de las retenciones, para luego devolver parte de lo sustraído mediante distinto tipo de subsidios y beneficios, es una maniobra orientada a no otorgarle a las provincias la coparticipación de ingresos tributarios que les corresponde.

 

Estas “devoluciones” –via subsidios y otros beneficios- que se hacen y se pretende aumentar a los productores, demuestra que el Estado Nacional no precisa de estos fondos, sino que simplemente busca sustraerlos de la masa coparticipable.

 

En este panorama, se impone reclamar el cumplimiento de la Constitución, percibir los impuestos correspondientes, directos e indirectos, entre ellos el impuesto a las ganancias, y dejar así que sea el mecanismo de la Coparticipación Federal el que por medios constitucionalmente naturales, permita volcar el producto de los impuestos, según criterios objetivos, tanto en las provincias que generan los recursos como en aquellas que no pueden hacerlo pero que participan de otras maneras en conformación de la riqueza nacional.

 

Consecuencias:

 

Como consecuencia de las conductas aquí denunciadas Argentina se ha ido transformando en un país rico con provincias pobres. Mientras en la Nación se nada en superávit, las provincias carecen de los recursos mínimos para atender los servicios a su cargo y al mismo tiempo aumentan su endeudamiento con su principal acreedor: justamente la Nación.

 

Aumenta todos los meses la recaudación nacional, pero los impuestos que más crecen no son coparticipables, en particular el que corresponde a las exportaciones, de modo que las provincias no participan de este incremento de recursos.

 

Garantía del 34%.

 

El Artículo 7 de la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos establece que “El monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34%) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles por esta Ley”.

 

Sin embargo, en los últimos años los recursos transferidos a las Provincias nunca han alcanzado ese piso mínimo. En efecto, dado el aumento el fuerte crecimiento esperado de la recaudación de retenciones a la exportación (que no se coparticipa) se estima que, en el año 2008, el porcentaje que se transferirá automáticamente a las Provincias será del 25%.

 

De esta manera, las Provincias recibirían casi de $ 71.000 M en lugar de los $ 95.000 Millones que les correspondería por la garantía mínima del 34%, cediendo así más de $ 24.000 Millones en manos de la Nación.

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