8:31 pm 07/01 2010

La Municipalidad requirió rechazar presentaciones sobre la tarifa del transporte

Informaci?n general, Politicas

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La titular de la Procuración Municipal, Dra. Beatriz Altamirano, informó que la Municipalidad de San Salvador de Jujuy ha recibido el traslado corrido desde la Justicia, en relación a la tarifa del transporte público, por lo que los profesionales del área se avocaron a producir la respuesta correspondiente a ser presentada ante los fueros judiciales en turno, en defensa de la ciudad.

La ordenanza y las disposiciones que surgen de ella, se ajustan a la letra de la Constitución, dijo la funcionaria en principio: “la ordenanza es un acto administrativo general y emanado del Concejo Deliberante, es como una ley, es obligatoria para todas las partes y el Concejo lo hizo en el uso de las atribuciones que le son propias. Se puede estar de acuerdo o no con la tarifa, pero el procedimiento es totalmente normal”.

Luego, en alusión a las presentaciones existentes en la Justicia, consistentes en un recurso de amparo y una medida cautelar, dijo que “hay una improcedencia de la vía elegida, porque si pretenden la anulación o la suspensión de una ordenanza, la vía correcta es una acción de inconstitucionalidad y no una cautelar”.

“Para interponer medidas cautelares se deben cumplir con ciertos requisitos y así lo ha dicho tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional y provincial de nuestro tribunal contencioso administrativo”, explicó la doctora Altamirano al dar como ejemplo que “un peligro en la demora, o sea cuando no se puede subsanar algo y el peligro del daño es inminente, se recurre a una cautelar”.

“Los requisitos, en este caso, no se cumplen, por lo que consideramos que la medida es improcedente y solicitamos su rechazo”, enfatizó la funcionaria.

Agregó que el grupo de gente que recurrió a la Justicia “tiene que prestar una contra cautela, porque el Poder Legiferante de la Municipalidad, cuando adopta una medida, lo hace teniendo en miras una serie de intereses que trascienden lo particular, se ve el funcionamiento en general, en este caso del servicio público de transporte, entonces no pueden, si no ofrecen una cautela, que quiere decir una garantía monetaria para que se pueda hacer lugar a esta medida, porque si a ellos les va mal en la medida, tienen que pagar por los perjuicios que, supuestamente, sufriría el municipio.

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