12:19 am 26/11 2010

El Senado aprobó nueva Ley Nacional de Salud Mental

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Jujuy, 25/11/2010 – La Delegación Jujuy del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), informa que el Senado de la Nación aprobó durante su última sesión, y por unanimidad, la nueva Ley Nacional de Salud Mental. Norma que establece el derecho a recibir atención integral como una cuestión de Derechos Humanos.

El presidente del INADI Claudio Morgado, uno de los impulsores de esta nueva legislación en la materia, remarcó: “esta ley amplía los derechos y libertades de las personas con discapacidades psicosociales, y permite luchar contra la estigmatización social de quienes tuvieron que pasar por centros de internación; o que aún permanecen en ellos”.

Su aprobación ha sido el resultado de un proceso colectivo de trabajo, debate y aportes de muchos actores, tales como organismos de DDHH, asociaciones de usuarios y familiares de personas por la salud mental. Así como también de asociaciones de profesionales, referentes del campo de la salud mental, de los derechos humanos, y de la Justicia nacionales e internacionales; además del trabajo desarrollado por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, a cargo de Yago Di Nella.

La ley sancionada  tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental, al igual que el pleno goce de derechos humanos de aquellas personas con padecimiento mental, en el ámbito del Territorio Nacional. Los que, a su vez, se encuentran reconocidos entre los instrumentos internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, y sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas, que para la protección de estos derechos, puedan establecer todas las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“La aplicación de esta norma implica mejoras sustanciales en el acceso a la atención integral de la salud mental, no sólo para las personas con discapacidades psicosociales; sino también para otros grupos sociales vulnerados como los adultos mayores, y las personas en situación de pobreza”; afirmó Morgado.

De este modo, su aprobación viene a sumarse a otros avances legislativos y de políticas públicas recientes, que apuntan a construir entre todos un país cada vez más igualitario, justo e inclusivo. No obstante resta por hacer que se reconozca a las personas usuarias de los servicios de salud mental como sujetos de derecho, tal como plantea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, empero esta ley supone un avance significativo en ese sentido, y un cambio de paradigma.

En los últimos años hubo avances fundamentales en la ampliación de derechos para las personas con discapacidad. Entre ellos el más importante fue la aprobación como Ley Nacional, en mayo del 2008, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por lo que la sanción de esta ley, que Morgado impulsó como presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados durante su mandato como legislador; constituye un paso adelante para promover, proteger y asegurar el goce pleno, y en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, para todas las personas con discapacidad.

En relación al ejercicio de la Capacidad Jurídica, dicha Convención establece que deben crearse condiciones que ayuden a que las personas puedan obrar con impulsos propios, en tanto usuarias de los servicios de salud mental. En lugar de privarlas de su capacidad legal, e instalar un tutor o curador para que cuide de sus intereses; tal como ha sido la práctica hegemónica en Argentina.

El  INADI se ha involucrado fuertemente en el tema, considerando la situación de discriminación de las personas en relación a la salud mental, ya sea desde el acceso a la atención integral de acuerdo a sus necesidades; como de los procesos de estigmatización que no hacen más que contribuir a la segregación de las personas usuarias de los servicios de salud mental.

Durante todo este año el organismo impulsó en el Senado la aprobación conseguida recientemente, convocando a un equipo de especialistas con los que conformó el programa Discriminación y Salud Mental. Desde este programa se llevó adelante la tarea de articulación con otros organismos públicos; tanto nacionales como provinciales. Otros de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, de personas usuarias, familiares, y de profesionales que conforman el campo de la Salud Mental en Argentina; quienes mayoritariamente apoyaron la sanción de esta nueva ley.

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