12:00 am 20/04 2010

Diputados señalan irreguaridades en el procedimiento legal de la quiebra del Ingenio La Esperanza

Informaci?n general, Interior, Politicas

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A días del inicio de la interzafra, el Ingenio La Esperanza S.A., la empresa más importante de San Pedro de Jujuy, presentó quiebra y en lugar de llamar a licitación pública, la jueza Lakatos dispuso -un día feriado- notificar que el beneficiario era el GRUPO ROGGIO, con un contrato de arriendo, sin analizar otras propuestas superadoras.

El ingenio, pone en riesgo la estabilidad laboral de 2.200 trabajadores.

A partir de la resolución de la jueza Dra. María Cristina Lakatos, diputados justicialistas de la provincia de Jujuy, denunciaron irregularidades en el proceso legal. “Con todo el respeto que merece la jueza, este procedimiento no tiene precedentes y es algo nefasto, porque no puede haber hecho una adjudicación de este tipo; este no es un juego del mejor postor e incluso se debe tener en cuenta que ni siquiera se lo otorgó a la mejor oferta”, expuso el legislador justicialista Marcelo Abraham y destacó que “se tendría que haber realizado una licitación pública a mediados de este año, y hasta entonces se debería vender el producto en forma anticipada como se venía haciendo desde hace casi 12 años”.

Según las normativas legales, que contemplaba el llamado a licitación pública o la ejecución de un avenimiento, el proceso es ilegal. A tal efecto el diputado nacional Marcelo Llanos manifestó su disconformidad con el proceso “Rechazo la forma en que se otorgó, en una especie de arrendamiento, el ingenio. Esta figura no está contemplada en la ley vigente, además hay un proceso licitatorio suspendido (no anulado), con lo cual me parece una desprolijidad” y agregó: “El camino más correcto tendría que haber sido la continuidad del proceso licitatorio o la convocatoria a uno nuevo, y otorgar al mejor oferente la propiedad del ingenio, con una cláusula que asegure la continuidad de los trabajadores”.

Con respecto al futuro de la empresa Llanos sostuvo que “Al ser un arrendamiento la empresa no hará inversiones de fondos por lo que en poco tiempo estaremos con el mismo problema”.

La resolución judicial dispone, en su primer punto, que la continuidad de la explotación de la empresa se lleve a cabo mediante locación o arriendo con Metronec S.A. La firma ofreció una inversión mayor a los 30 millones de pesos, destinados a cubrir el pago de los haberes de marzo, la reparación de las instalaciones fabriles, trapiches, usina y maquinarias centrífugas, además de plantar 1.000 hectáreas de caña, que se sumarían a las 7.000 que ya se encuentran en producción, entre otros compromisos.

Pero esta noticia, que generó el festejo de los trabajadores del ingenio, no fue recibida de igual modo en algunos sectores políticos que levantaron su voz en contra del procedimiento empleado por la jueza Lakatos para tomar la determinación final. “Hubo dos ofertas más (Tabacal y Emepa) que fueron desechadas por haber sido presentadas fuera de término. Usaron a la gente del gremio, pero lo peor del caso es que no se han cumplido disposiciones que son claras y que marcaban o el advenimiento o la licitación de la planta fabril”, subrayó el legislador “No es cuestión de decir denme el ingenio, lo trabajo un tiempo, si me va bien me quedo y si no lo dejan con todos los problemas, los empleados, las maquinarias y las consecuencias que puedan haber, porque qué pasa si mañana la empresa Roggio, por ejemplo, despide a un empleado quien lo indemniza será el estado o la empresa quien se hará cargo al igual quien realiza la reparación después de los dos años que decide después no comprar. Venimos diez años con este esquema que vendemos azúcar a esta altura definir y entregar el ingenio a una empresa que no sabemos si se hará cargo o no”, cuestionó Abraham “hay muchas cosas que ver, no hay que definir por apuro, siempre llega esta época y volvemos a lo mismo”.

Abraham calificó como “llamativo” que la Justicia haya notificado la resolución del arriendo un día feriado, como lo fue el 24 de marzo. “Tengo entendido que la Justicia no trabaja los días feriados, pero en este caso si lo hizo”, ironizó, a la vez de afirmar que lo resuelto “es una falta de respeto a la ciudadanía, fundamentalmente a las 2200 familias que viven de ese Ingenio, y a la propia Justicia”.

El 30 de abril, serán subastadas 40.493 hectáreas, que representan más del 60 por ciento de la superficie, por un monto base de dieciocho millones de de pesos para pagar a los acreedores especiales, en este caso el Banco La Nación, que piden cobrar las deudas a través del remate de las tierras que fueron hipotecadas.

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