Ayer los legisladores que integran el Bloque parlamentario de la Unión Cívica Radical remitieron al Gobernador de la Provincia, Dr. Walter Basilio Barrionuevo una misiva donde expresan su “decisión de avanzar en el debate para la elaboración de un régimen de coparticipación municipal que regule de manera clara y objetiva los recursos que reciben los gobiernos locales”. Además le efectuaron una requisitoria de información para sustentar en datos actualizados una propuesta que, esperan, sea abordada en el marco de un espacio plural, con la participación de los diversos actores políticos.

Los diputados Pablo Baca, Alberto Bernis, Mario Pizarro, Freddy Morales, Jorge Rizotti, Susana Pantoja, Clara Falcone, Carlos Toconás, Carlos Oheler, Olver Legal, y Hernán Palomares, señalaron que “establecer un régimen de coparticipación es una exigencia derivada del cumplimiento de los preceptos de la Constitución de la Provincia” y recordaron que “ha sido un compromiso asumido durante la última campaña electoral por todas las fuerzas políticas que obtuvieron representación parlamentaria, incluidos los candidatos del partido ahora en el gobierno”.

“Todos –resaltaron- con diferencias de matices, han coincidido también en la importancia de elaborar un régimen de coparticipación municipal justo, que ponga término a la larga historia de deficiencias existentes en la distribución, muchas de ellas producidas por la aplicación de criterios obsoletos o por regulaciones que se fueron instituyendo en la práctica que han lesionado la base misma del imperativo democrático y el principio de igualdad de oportunidades”.

Los diputados radicales indicaron en la nota dirigida al Gobernador que “hay consenso en que la regulación de la distribución de los recursos coparticipables que se destinan a los municipios y comisiones municipales, permitirá introducir mayor calidad institucional, al fijar mecanismos y criterios objetivos, generando marcos claros y transparentes que reduce la discrecionalidad y su peligro, el abuso, que debe eliminarse de la acción estatal”.

Pusieron de relieve que “una normativa clara en esta materia, permitirá al Estado Provincial mejorar la administración de los recursos y sobre todo contribuirá a reducir las asimetrías existentes en la provincia. También, al fijarse reglas claras, los municipios y comisiones municipales podrán hacer efectiva la autonomía que les ha sido reconocida a los gobiernos locales y que se afecta cuando la percepción de recursos queda supeditada a criterios discrecionales y políticos. Además una norma de este tipo ayudará a generar mayor responsabilidad en las administraciones locales, las ayudará a efectuar las previsiones presupuestarias en forma racional y a eficientizar sus gestiones”.

“Venimos viendo con preocupación –agregaron los legisladores- no sólo la situación particular de los municipios que administra la Unión Cívica Radical, sino también la profundización de la brecha  entre municipios pobres y otros en mejores condiciones, así como entre las propias comunidades locales. En algunas de ellas los défictis de la asistencia estatal –por falta de recursos- ha generado condiciones de vida inequitativas, que deben ser revertidas”.

Anticiparon los legisladores que tienen la intención de “generar un espacio amplio que permita a los diferentes actores efectuar aportes”. Para ello, en primer lugar –señalaron- es necesario “contar con datos actualizados que permitan elaborar un régimen de distribución de recursos ajustado a la realidad provincial y que refleje las necesidades y posibilidades de cada una de las jurisdicciones municipales”.

Por ello, requirieron al Poder Ejecutivo diversos datos como “las partidas y montos que ha recibido cada uno de los municipios en los últimos diez años”, “normas y criterios que actualmente se aplican en la distribución de los recursos coparticipables”, “cuáles son los ingresos de la provincia y cuáles integran la masa que se coparticipa a los gobiernos locales y cuál el sistema de distribución”; “qué obras de infraestructura y de servicios se han ejecutado en la última década en los municipios, con indicación de las fuentes de financiamiento de dichas obras (municipal, provincial, nacional, internacional) y los montos de ejecución.”

Con respecto a obras de infraestructura y servicios, solicitaron “se indique cuáles son las necesidades que habría que atender prioritariamente en cada uno de los municipios y un detalle de las necesidades de infraestructura en la Provincia”.

Además requirieron información sobre “la población de cada una de las municipales”, “cuál es la superficie de cada una de las jurisdicciones municipales”, “los indicadores sociales discriminados por municipios en materia de pobreza, indigencia, desocupación, analfabetismo, mortalidad materna, mortalidad infantil, desnutrición, calidad de vida y cualquier otro que resulte útil para conocer la situación social de los habitantes”.

Desde el radicalismo entendemos que tenemos la obligación irrenunciable de elaborar normas para avanzar hacia la redistribución de los recursos entre las distintas jurisdicciones de la Provincia y para contribuir a la redistribución de la riqueza. La definición de un régimen de coparticipación municipal es una de ellas”, afirmaron.

“Entendemos desde ya que, cualquiera sea el sistema que pudiera implementarse, deberá luego realizarse una aplicación progresiva y gradual de nuevos criterios que regulen la distribución. La regulación, que naturalmente mejorará la situación de algunos municipios, de ninguna manera podrá implicar una reducción de recursos a ningún gobierno local”, aclararon.

Reiteraron los legisladores de la UCR su “disposición y anhelo de constituir un espacio de discusión sobre este tema, para elaborar un proyecto de ley con la mayor participación y consenso posible. Entendemos así que deben ser convocados todos los actores políticos que se han pronunciado en la materia, porque en el intercambio no sólo se encontrarán elementos para enriquecer la norma, sino que el proceso mismo dotará de mayor legitimidad a la norma y obviamente, garantizará su eficacia”.

Finalmente, sostuvieron que “no es posible seguir aplazando esta discusión. Se trata de una cuestión de justicia y de decisiones que son esenciales para el fortalecimiento democrático”.