7:17 am 28/05 2008

Diputado Pablo Baca pide informes sobre actividad minera

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pablo bacaEl diputado de la UCR Dr. Pablo Baca presentó recientemente un proyecto de pedido de informe, a través del cual se solicita al Poder Ejecutivo información referente a la actividad minera metalífera, particularmente la que se desarrolla con la modalidad a cielo abierto. El proyecto referido tomó estado parlamentario en la sesión del jueves pasado y pasó a Comisión de Ecología para su tratamiento.

El legislador apuntó que “la Provincia de Jujuy ha sido históricamente uno de los epicentros de la actividad minera en el país. Esta situación fue producto, no sólo de las riquezas subterráneas del territorio, sino también de los diferentes regímenes de promoción que configuraron excelentes oportunidades para el desarrollo de esta industria”.

Sin embargo –subrayó Baca- “hoy el escenario no es el mismo de entonces. Los numerosos avances científicos y tecnológicos que permitieron cuantificar y dimensionar el impacto de la minería; la revisión de los procesos de desarrollo con la incorporación del concepto de sustentabilidad; la importancia del cuidado del medio ambiente y el reconocimiento de los derechos de tercera generación, crean nuevas condiciones que obligan al Estado a tener una actitud prudente, precautoria y responsable”.

Puso de relieve el diputado Pablo Baca que”en los últimos años se ha desarrollado un intenso debate, nutrido por aportes científicos, que dan cuenta de los riesgos que conlleva la actividad minera, en particular cuando se desarrolla a cielo abierto y cuando la explotación se orienta a minerales metalíferos”.

“La utilización de sustancias tóxicas; el uso intensivo del agua; los riesgos de los derrames de lixiviados, la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, así como del aire y de las tierras son situaciones que pueden acontecer en el marco de estas explotaciones; por ello entendemos que es preciso contar con información clara y precisa, para poder dirimir el estado actual de esas explotaciones, remediar procesos que pudieran estar provocando contaminación y establecer criterios para garantizar una actividad libre de riesgos”, resaltó el legislador.

El  proyecto mencionado apunta a que los organismos del Estado provincial brinden a la Legislatura esa información para poder posteriormente trabajar en la adecuación del marco normativo, de manera que garantice al mismo tiempo que el desarrollo económico, el cuidado medioambiental y la preservación de los derechos colectivos”.

“Entendemos que es preciso revisar el marco normativo para compatibilizar la antigua legislación con el nuevo derecho producido después de la reforma constitucional de 1994 y con los tratados internacionales de derechos humanos a los que ha adherido la Argentina. La Provincia de Jujuy es una provincia con importante presencia de población indígena, y esto también obliga al Estado a tener una atención particular en la gestión de los territorios que les han sido devueltos a los pueblos originarios”.

El Dr. Baca indicó que “existe profusa información que revela el peligro de la minería a cielo abierto, entendemos que su explotación debe ser regulada, porque en materia ambiental rige el principio precautorio, que se traduce como la obligación de suspender o cancelar actividades que amenacen el medio ambiente pese a que no existan pruebas científicas suficientes que vinculen tales actividades con el deterioro de aquél”.

 

REQUERIMIENTOS DE INFORMACION EFECTUADOS

 

En el proyecto se solicita que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Jujuy -a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Dirección Provincial de Minería y el Juzgado de Minas- informe sobre diversas cuestiones, entre ellas la nómina de pedimentos en trámite y otorgados, especificando etapa en que se encuentra (Prospección, Exploración, Explotación o Cierre) con su respectivo número de Expediente, nombre del propietario, método de trabajo previsto para las respectivas etapas, estudio de impacto ambiental, consultas efectuadas a las comunidades, zonas que afectará la explotación; y el grado de cumplimiento de las leyes 24.585 y 5063 en lo referente a la forma y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y ejecución de audiencias públicas”.

Además, se consulta en el proyecto sobre “el cumplimiento al Convenio 169 de la OIT, la Constitución Nacional en lo relativo a la participación de las comunidades indígenas”. Y se pregunta si el Estado Provincial está considerando las disposiciones del fallo Tribunal Contencioso Administrativo que en el 2006 estableció que se debe dar participación a las comunidades indígenas en todas las actuaciones administrativas referidas a trámites sobre territorios que de alguna manera pudieran afectar sus derechos, y menciona precisamente las que se tramitan en el Juzgado Administrativo de Minas”.

En particular, respecto a la minería a cielo abierta, se solicita al Poder Ejecutivo que precise en qué lugares del territorio provincial se desarrolla minería a cielo abierto; se pregunta si en esos lugares se utiliza mercurio, cianuro, ácido sulfúrico u otras sustancias tóxicas en los procesos de cateo, prospección, extracción,  explotación y/o industrialización de minerales metalíferos y en qué cantidades se usan las sustancias mencionadas.

También se consulta sobre cómo se abastecen, transportan y almacenan dichas sustancias, las rutas y ciudades por dónde circulan, las medidas de seguridad implementadas y la participación de las municipalidades involucradas.

Otro requerimiento está destinado a conocer “tipos y cantidades de explosivos  utilizados, medios para transportarlos, rutas y ciudades por dónde circulan, modo de almacenamiento. Medidas de seguridad y control adoptadas”.

Con respecto al uso de las aguas se consulta: los caudales diarios utilizados y responsables de los aforos; a dónde van las aguas usadas en la actividad y cómo se previene la contaminación de los recursos hídricos que podría generar la minería a cielo abierto en lo que respecta a drenajes ácidos y contaminación rutinaria o accidental por el uso de sustancias tóxicas.

Con el proyecto se busca asimismo conocer el último monto anual (discriminado por meses) obtenido en concepto de regalías mineras, cómo se efectúa su distribución y cuáles son los criterios adoptados. Además se piden datos de la mano de obra directa ocupada por establecimiento. Y finalmente se consulta sobre la manera en que afectan las retenciones a las exportaciones impuestas a la minería.

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