Dicha resolución, que consta de 30 páginas, es el resultado de una larga investigación llevada a cabo por la Defensoría del Pueblo, debido a las reiteradas denuncias realizadas por ciudadanos de Palpalá y Río Blanco que se encuentran preocupados por la supuesta  contaminación del medio ambiente en esa ciudad.  Esta investigación propia, permitió al Defensor del Pueblo emitir la resolución fundada técnicamente.

La misma recomienda a la Dirección Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales de la Provincia de Jujuy  y a la Municipalidad de la Ciudad de Palpalá la necesidad de reubicación  de la Planta Productora de Acido Sulfúrico con el objeto de cumplir con el Principio Precautorio para la Salud y de Prevención Ambiental, en concordancia con los antecedentes sancionatorios de dicha Dirección y el Decreto Municipal Nº 9508, Ley Nº 25675 y Ley Provincial Nº 5063 , leyes de Medio Ambiente Nacional y Provincial, con el fin de garantizar el Derecho a la Vida, a la Integridad Personal, a la Salud, a un Medio Ambiente sano y Ecológicamente Equilibrado previstos en la Constitución Nacional y Provincial.

En tanto, en su Artículo Nº 2 solicita también a dichos organismos, convoquen a Audiencia Pública con el objeto de difundir y brindar información a los ciudadanos referentes a todas aquellas empresas que se encuentren instaladas en esa localidad conforme los deberes de difusión e información que prevé el Articulo 20 de la Ley Nº 25.675, concordante con la Ley Nº 25.831 y el Principio 10 de la Convención de Río de 1992.

En su Artículo Nº 3, recomienda a los Municipios y Comisiones Municipales de la provincia de Jujuy la necesidad de legislar y reglamentar la instalación de fábricas e industrias en jurisdicciones municipales, atento la competencia territorial prevista en el Art. 189 inc. 2º de la Constitución de la Provincia, el Principio Precautorio, de Congruencia y de Prevención previsto en el art. 4º de la Ley 25.675 de Política Ambiental de la Nación y Ley 5063, General de Medio Ambiente de la Provincia en resguardo de la salud y protección del desarrollo humano y sustentable de los ciudadanos, elevándose también un informe especial a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Poder Legislativo Provincial, conforme el Art. 34 de la Ley Nº 5111.

La Defensoría del Pueblo de Jujuy, se ha manifestado en reiteradas oportunidades que frente a la amenaza de daño a la salud de las personas y al medio ambiente, debe adoptarse el “Principio Precautorio para la Salud”, previsto en el Art. 4º de la Ley Nº 25.675 de Política Ambiental Nacional, el cual expresa: “Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la ausencia de información o certeza científica, no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. Principio este consagrado en la Convención de Río en el año 1992 y adoptado en nuestro país a través de la citada normativa nacional, el cual es el marco rector por excelencia en que debe medirse el control administrativo y judicial y el cual da sustento a los datos y a los elementos técnicos recopilados durante la tarea investigativa del Defensor del Pueblo y que sirven de valor documental.

Detalle de las opiniones técnicas sobre utilización de sustancias químicas contaminantes

En los fundamentos sobre la utilización de sustancias químicas contaminantes se expresa que las sustancias químicas utilizadas en la actividad industrial, son un factor fundamental cuando se pretende abordar temas de salud ambiental. Esto es particularmente cierto cuando dichas sustancias no están integradas al producto y por lo tanto están destinadas a convertirse en contaminantes en forma de residuos sólidos, líquidos o emisiones que eventualmente se pondrán en contacto con el medio ambiente y la población.

Por ello, la información y conocimiento sobre la utilización y manipulación de sustancias tóxicas o peligrosas, debe ser materia de conocimiento, no solo de las autoridades públicas, si no de los ciudadanos que se podrían ver afectados en su salud, ya sea por inhalación o contacto permanente, tal es el caso del polo industrial de la Ciudad de Pálpala.

El Derecho a la información ambiental

El Defensor del Pueblo de la provincia afirma que la información y conocimiento sobre la utilización y manipulación de sustancias tóxicas o peligrosas, debe ser materia de conocimiento, no solo de las autoridades públicas, sino de los ciudadanos que se podrían  ver afectados en su salud, ya sea por inhalación o contacto permanente, tal es el caso del polo industrial de la ciudad de Palpalá.

El derecho a la información ambiental se basa en la premisa de que el primer paso para la prevención de la contaminación, de los riesgos a la salud y de las emergencias ambientales por efluentes industriales, es la identificación de riesgos a través del reporte y de acceso a información pertinente y específica. El acceso del público a esta información ha demostrado ser, la mayoría de las veces, un incentivo sumamente efectivo para la prevención de la contaminación, la prevención de enfermedades y la planificación y respuesta a las contingencias.

La información ambiental, consiste en la obligación del Estado de dar aviso y ofrecer información a sus ciudadanos ante una situación de posible daño. La Declaración de río de 1992, incorpora en su principio 10 la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, diciendo: “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda…”

Los dispositivos legales, de trascendental importancia para el conocimiento de los ciudadanos de la provincia, no tiene un resultado positivo y tranquilizador para los ciudadanos por el desconocimiento del mismo. Esta práctica de control permanente más el conocimiento de la sociedad sobre ello ayuda a mantener una comunión pacífica entre los ciudadanos, las industrias y el Estado, ya sea provincial o municipal. La falta de difusión de los controles públicos, contraviene el principio de información previsto en el Art. 11 de la Ley Nº5063, concordante con el Art. 22 del Decreto Reglamentario Nº 5980/06 y modificatorio por Decreto Nº 9067/07 los cuales obliga a los poderes públicos a “…dar plena difusión a la comunidad de la información referida al ambiente, pudiendo acceder cualquier habitante en los términos que reglamentariamente se establezcan”.

LA IMPORTANCIA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA EN LOS TEMAS AMBIENTALES

El Defensor del Pueblo de Jujuy sugirió una Audiencia Pública con el fin de respetar el derecho a información y participación ciudadana en la toma de decisiones respecto a este tema.

La Audiencia Pública, a pesar de que las ponencias no sean vinculantes para las autoridades competentes, enriquece a la opinión pública a través de su debate, transparentando en muchos de los casos, las decisiones y procedimientos adoptados por el Estado, asegura Víctor Galarza.

En nuestra provincia, el derecho público de información ambiental, se halla previsto en el Art. 11 de la Ley Nº 5063 – General del Medio Ambiente, cuando expresa: “Los poderes públicos deberán asegurar una amplia difusión de la información referida al ambiente, a la que podrá acceder cualquier habitante en los términos que reglamentariamente se establezcan…”

El sistema de Audiencia Pública como método de difusión y participación ciudadana de las políticas de Estado en materia de medio ambiente, es el sistema más idóneo de información que tiene los habitantes, por lo tanto dejar a criterio de la autoridad de aplicación la oportunidad y conveniencia de su convocatoria, provoca una fragante violación al deber de difusión, información y control ciudadano que prevé el Principio 10 de la Convención de Río de 1992.