12:32 am 23/11 2010

Declaración Jurada Patrimonial para Sindicalistas

Información general, Politicas

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“Los integrantes de los órganos de conducción de las asociaciones sindicales electos, y también aquellos que -conforme las disposiciones estatutarias- tengan facultades de disposición o control sobre la administración del patrimonio sindical o los de afectación que la asociación constituyese, o entidades vinculadas a ésta, deberán presentar Declaración Jurada Patrimonial Integral (DJPI)” afirma la iniciativa presentada por el jefe de la bancada radical, Gerardo Morales.
“Todos los dirigentes sindicales que tienen responsabilidades en el manejo de recursos deben estar obligados a presentar un detalle de sus bienes y los de su grupo familiar: La sociedad reclama  transparencia tanto a los dirigentes políticos, como a los gremiales, sociales, religiosos o empresarios”, explicó Morales quien ya había presentado un proyecto de estas características en tres oportunidades pero sin conseguir tratamiento legislativo.
Morales insistió con la propuesta en atención al caso que vio la luz en las últimas semanas sobre la obra social del gremio del titular de la CGT, Hugo Moyano. “El caso de la mafia de los medicamentos, destinados a afiliados de la obra social de Camioneros (Oschoca), dejó, otra vez, al descubierto el oscuro manejo de los aportes de los trabajadores”, agregó el jujeño.

La Ley 25.188 de Ética Pública estableció la obligatoriedad de presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de los representantes políticos y funcionarios públicos, rigiendo un procedimiento efectivo que incluye la posibilidad de consultarlas y dar a publicidad los nombres de quienes han cumplido con el requisito de presentación.
El proyecto -de catorce artículos- establece la forma de presentación de las DJPI, que quedarán depositadas en la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, organismo éste que deberá remitir, dentro de los treinta días, copia autenticada a la Comisión Nacional de Ética Pública. Asimismo, incluye las sanciones que se aplicarán a quienes no cumplan con la ley, que alcanza a la inhabilitación para ejercer cualquier cargo sindical.
Los gremialistas deberán presentar los tres tipos previstos de DJPI, conteniendo una nómina detallada de todos los bienes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6° de la Ley N° 25.188, de Etica Pública, DE INICIO –cuando resulten candidatos electos a sus respectivos cargos sindicales-, ANUAL –cada 12 meses- y DE CESE -dentro de los treinta días desde la fecha de la cese del mandato-.
Según la iniciativa, además, las entidades sindicales simplemente inscriptas y las que gocen de personería gremial, deberán comunicar a la autoridad de aplicación la nómina de sujetos obligados a presentar la DJPI. En el mismo sentido, la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, queda facultada para incrementar la nómina presentada por la asociación sindical, en el caso de haberse eludido o evitado la incorporación de algunos de sus integrantes.
A los efectos de su publicidad, la iniciativa prevé que las declaraciones juradas se regirán por lo dispuesto en artículos 10 y 11 de la Ley 25.188 de Ética Pública. Incluso, dice Morales: “en el marco del irrestricto respeto a los Tratados y Convenios Internacionales que la Nación ha suscripto, se pretende construir un ámbito adecuado de responsabilidad y confiabilidad en la gestión y administración de recursos, gastos e inversiones de los sindicatos”.
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2010

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